Categoría: Politica

Como respuesta a los innumerables casos en que el descubrimiento de hallazgos
arqueológicos a interrumpido obras de relevancia a nivel local y nacional, la senadora
María José Gatica presentó un “proyecto de acuerdo” con el respaldo de 23
parlamentarios de gobierno y oposición que pretende reactivar la discusión del proyecto
de Ley N°17.288 y gestionar la dictación de un reglamento actualizado de funcionamiento
del Concejo de Monumentos Nacionales.
En tal sentido, la senadora Gatica señala que “la actual Ley, que rige desde 1970, no está a
la altura de estos tiempos y clara muestra de ellos son las trabas y plazos de resolución
que han detenido de forma indeterminada obras tan importantes como el hospital de La
Unión y las plazas Chile y Pedro de Valdivia en la capital regional”.
Entre otros aspectos a considerar se espera además de actualizar la ley, entregar mayor
personal y recursos, entregar tecnología y digitalización, simplificar y agilizar
procedimientos, dar mayor flexibilidad ante hallazgos y, descentralizar la toma de
decisiones.
“Espero que este proyecto de acuerdo, sea acogido a la brevedad por el Gobierno y le dé
la urgencia en la tramitación que se merece. Sin una actualización y cambios reales en la
normativa, la comunidad seguirá viendo como los avances y muchos beneficios sociales se
detienen producto de algunas resoluciones subjetivas y cuestionables”. Concluyó

La senadora María José Gatica anunció que presentará una indicación para restituir la
figura de los Tribunales Militares en la tramitación del proyecto de Reglas de Uso de la
Fuerza que se tramita en la Cámara Alta.

“La crisis de seguridad en que vivimos ya se nos fue de las manos. Estamos ante un
sistema penal fracasado: Pocos fiscales, sistema garantista, impunidad para delincuentes y
persecución contra policías. El mundo al revés. Es por eso que es fundamental entregar
garantías a las policías y Fuerzas Armadas”, afirmó.

En esa línea, Gatica agregó que “hoy la balanza tiene que estar del lado de quienes nos
defienden. Así lo quiere un 59% de los chilenos que reclama que – para casos de estado de
excepción constitucional – Carabineros y las Fuerzas Armadas sean juzgados por tribunales
militares. Por eso repondré esta indicación en la discusión de reglas de uso de la fuerza en
el Senado”.

La indicación incluye que este tribunal funcione “durante la vigencia de los estados de
excepción constitucional, la protección de la infraestructura crítica, el resguardo de áreas
de zonas fronterizas y el resguardo del orden público en relación a los actos electorales y
plebiscitarios”.

Se considerarán militares los funcionarios pertenecientes a las Fuerzas Armadas y de
Carabineros de Chile, constituidos por el personal de planta, personal llamado al servicio;
el personal de reserva llamado al servicio activo, los soldados conscriptos; los Oficiales de
Reclutamiento; los cadetes, grumetes, aprendices y alumnos regulares de las Escuelas
Institucionales y de Carabineros de Chile.

–         Senador Iván Flores insistió en la necesidad de “tener un debate serio, por sobre populismos, que nos permitan tener una ley de Reglas del Uso de la Fuerza eficientes, pero sin propuestas que impliquen un retroceso”.

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El presidente de la comisión de Seguridad del Senado, Iván Flores, se manifestó en contra de intentar reponer la indicación declarada inadmisible en la Cámara y que busca intentar reponer la Justicia Militar para casos de uniformados en delitos civiles. Flores señaló, al respecto, que “sería un retroceso; no me cabe duda que la derecha va a intentar reponerlo. Espero que en el Senado el debate esté a la altura y no se acerque a una suerte de populismo legislativo como el que yo creo que ha estado ocurriendo en una confusión de cómo aplicar la justicia militar.”

El senador DC agregó que “la justicia militar tiene un propósito muy definido que es el resolver situaciones entre militares y particularmente en caso de guerra o de delitos que puedan cometerse al interior de los cuarteles militares y que en algunos casos incluso alcanza hasta Carabineros. Pero, claramente, ya está hace mucho absolutamente despejado que es la justicia civil la que tiene que actuar cuando hay civiles y militares involucrados”.

“Lo que hay que hacer es perfeccionar la justicia civil para darle garantía tanto a la ciudadanía como a las propias policías y también a las Fuerzas Armadas. Los jueces tienen que actuar protegiendo las instituciones del Estado, de acuerdo a su mandato, a lo que el Estado le encargó ni más ni menos, y en eso tenemos que afinar muy bien lo que significa el alcance de la justicia civil, pero no regresar a la justicia militar. Eso sería un retroceso.”

Hay que proteger y otorgar certezas a las Fuerzas Armadas para que ellos puedan actuar por encargo del estado de Chile. Pero tampoco hay que pasarse para el otro lado a un debate que ya ocurrió hace 20 años o más.”

Ministerio de Seguridad Pública

Sobre el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública y que pasó a tercer trámite en el Senado, el senador DC señaló que “sin ninguna duda que necesitamos tener una institución absolutamente especializada en la prevención y el combate de los delitos, sin ninguna duda. Ahora, habrá que estudiar, en definitiva, cómo van a quedar. Hay que ver algunas institucionalidades dentro del propio ministerio. Y creo que necesitamos tener representación en todo el país, póngale el nombre que quiera, mientras tanto sea un especialista y no el amigo de los amigos. Tiene que ser gente muy especializada, la que sea capaz de articular la institucionalidad nacional, pero también presente en las regionales no nos olvidemos”.

Como “un hecho grave y prácticamente un robo al descampado” calificó hoy el senador DC Iván Flores la aprobación en el Senado, en primer trámite, de la ley corta, incluyendo la indicación que propone una mutualización de la deuda que tienen las isapres, que según el recálculo efectuado por la Superintendencia de Salud, se cifraba el monto en US$ 1.180 millones. Con la votación de ayer, se reduciría el cálculo a US$ 451 millones, es decir, aproximadamente US$ 729 millones menos de lo adeudado.

Consultado sobre esta situación, Flores señaló que “lo que ha ocurrido es grave; es por ello que acudiremos al Tribunal Constitucional porque a nuestro juicio esta indicación de la derecha no debió declararse admisible. Seré uno de los firmantes, de lo contrario estaríamos avalando un robo en despoblado ya que la mutualización disminuye la deuda. Lo que está ocurriendo en términos simples es que por una parte se baja la deuda y, por otra, con el alza de planes sin límite, el escenario es absolutamente negativo para las personas.”

“Yo creo que el Gobierno debería estar preocupado. Cada uno sabe cómo vota, pero no estamos disponibles a avalar el verdadero robo que hicieron las isapres. Lo quiero decir en estos términos, yo sé que es duro, pero quiero decirlo así, porque cobraron lo que no deberían cobrar, pero además no fue inocente, se les advirtió por el Tribunal Constitucional, por la Superintendencia de Salud, y luego por la Corte Suprema de Justicia y todavía siguen queriendo no pagar lo que tiene que devolver. Esto es mucho más que un abuso”.